Autonomías: el cáncer de la sanidad (Mónica Lalanda)

Mónica Lalanda lleva unos meses en España tras pasar los últimos 16 años en Inglaterra, la mayoría como médico de urgencias en Leeds (West Yorkshire). En la actualidad trabaja en la unidad de urgencias del Hospital General de Segovia, participa en varias publicaciones inglesas y también ilustra libros y revistas con viñetas médicas. 

 ARTÍCULO ENVIADO POR DAVID G-M

Si usted va a tener un accidente, calcúlelo bien y téngalo dentro de su comunidad autónoma, facilita mucho la vida, créame. Su tarjeta sanitaria le da derecho a que le traten una urgencia vital pero a partir de ahí una patada en las posaderas le mandará de vuelta a su autonomía y a la realidad de la Sanidad 'descentralizada'.

La semana pasada una paciente se empeñaba en sacar su carnet de identidad del bolso y demostrarme que "ella era española". La pobre señora no entendía que tras estabilizar su hueso fracturado con una escayolita, teníamos que mandarla a que la operen en un hospital donde el logo de las sábanas corresponde con el de su tarjeta. Ser español no basta.

Y de cómo mandarla de vuelta a su hospital de referencia, ni hablamos. Un traslado entre autonomías es un proceso burocrático tan complejo que puede llevar horas solucionar y días en materializarse. Eso sin entrar en el tema del trasbordo de pacientes de ambulancia a ambulancia en las "fronteras autonómicas", que también se puede dar el caso. En fin, que al final la mayoría de los pacientes se marchan en su coche con riesgo y dolor incluido. Pues mire, yo tampoco lo entiendo.

En el 2002 se desmanteló el Insalud, se transfirieron competencias y surgieron 17 sistemas sanitarios, todos distintos. Todo muy políticamente correcto, pues parece que el momento histórico así lo requería. Estamos en el año 2009 y a nadie le quedan dudas de que el sistema sanitario de salud español se ha deteriorado gravemente. El anterior ministro de sanidad, Bernat Soria, reconoció hace menos de un año que "la transferencia de la sanidad a las autonomías había incidido en que la atención sanitaria esté por debajo de la media europea" y en una encuesta en febrero sólo un 30% de españoles creen que las transferencias han beneficiado su salud.

El sistema español no tiene un sistema de control de calidad porque la recogida de datos con esta dispersión es casi imposible; pero la herramienta de medida comparativa de los distintos sistemas de salud europeo (el índice de Consumidores de la Sanidad Europea elaborado por el Health Consumer Powerhouse) demuestra un deterioro progresivo con caída a tumba abierta. Ocupamos un vergonzante puesto 22 de 33. Estamos detrás de Estonia, de la cual casi ni sabíamos que existía hasta que cantó en Tallín la 'Rosa de España'.

Curiosamente, cuando este índice nos colocaba a la cabeza de Europa, a muchos se les llenaba la boca: "tenemos una de las mejores sanidades del mundo", ahora que tocamos fondo resulta que el informe "carece de metodología contrastada". Sí, muy curioso.

Vamos a lo práctico. Resulta que el Gobierno vasco gasta 1.675 euritos por paciente y año mientras que el de Valencia lo escatima hasta los 1.140. ¿A cuento de qué esta diferencia? Si uno empieza a indagar un poco mas se encuentra con datos que son verdaderos bofetones al principio de igualdad de todos los españoles sin discriminacion por razón de nacimiento de nuestra constitución. A un niño madrileño, el calendario de vacunción le incluye la vacuna contra el neumococo y la varicela, al crío galleguito de la misma edad que le zurzan y si quiere vacuna que la pague. Una señora de Murcia que necesite radioterapia por bomba de cobalto lo tiene claro la pobre, mientras que su amiga andaluza no tiene problema. Dar a luz en una comunidad o en otra supone hacerlo con una epidural o con un paracetamol... La lista de diferencias sangrantes es larga y según el reciente informe del Defensor del Pueblo la inequidad territorial afecta a objetivos tan básicos como la ausencia de atención pediátrica, psiquiatría infantil, nuevas terapias y medicamentos, salud mental, diagnóstico genético, cuidados paliativos, tratamiento del dolor, terapias contra el tabaco y un largo etcétera. Es decir, que mientras unos españoles reciben una medicina de chistera, otros la reciben de chiste o... de boina, que es peor. A mí esto me atufa a anticonstitucional, pero parece que a nadie más le pasa, debe ser que soy algo extranjera.

Del agravio comparativo en las diferencias de sueldos entre el personal según CCAA, ni hablamos. Al fin y al cabo, de algún sitio habrá que hacer ahorro para financiar la administración y las normativas que podían ser sólo, una pero que se multiplican por 17.

¿Y a la señora del carnet de identidad qué le digo? Denme ideas. A mí sólo se me ocurre explicarle que para que en Cataluña un médico y su paciente puedan hablar en catalán, ella se tiene que marchar con su fractura a otra parte. De locos, vamos.

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Los cinco trabajadores de la empresa de Jose Bono son ilegales

El centro hípico que montó la familia Bono-Rodríguez en 2001 cuenta en la actualidad con seis trabajadores. Frente a la información que ofreció Hípica Almenara en días anteriores, Cinco de ellos son ilegales, en lugar del único empleado que en principio aparecía como “sin papeles”. Por este motivo, hace dos semanas tuvo que declarar como imputado ante la Policía Ramón Navas Barchino, encargado de Hípica Almenara. Levantada en 2001, las gestiones ante el Ayuntamiento de Toledo para obtener la licencia de obra fueron hechas por una de las dos secretarias oficiales de José Bono en la Junta de Castilla-La Mancha, hoy nombrada por él asesora de Presidencia del Congreso. Parte de esas obras se hicieron al margen de la licencia municipal otorgada por el ayuntamiento. Ésta contemplaba un proyecto inicial con un importe notablemente menor al coste final de la ejecución. Un año después, el consistorio en manos de Manuel Molina optó por legalizarlas.

Hace dos semanas, los medios de comunicación informaban acerca de que un trabajador de la empresa hípica de José Bono había sido detenido. El encargado de la misma, Ramón Navas Barchino, ofrecía una versión de los hechos que continúa manteniendo: “Era un trabajador que no tiene ninguna relación con Hípica Almenara; lo único que yo hice fue pasar por dependencias policiales para hablar de esta situación y aportar la documentación necesaria para explicar que ese empleado no tiene nada que ver con nosotros. Eso es todo lo que puedo decir”. Barchino atribuye la relación laboral del detenido a los propietarios del equino que cuidaba el mozo y que el centro tenía en pupilaje.
Sin embargo, los detenidos fueron cinco trabajadores de la hípica: cuatro rumanos y un brasileño. Éste último, además, tenía falsificados los papeles que acreditan su identidad real ante los agentes de extranjería. Según informaciones de fuentes policiales que investigaron el caso, los cinco empleados de José Bono son ilegales por carecer de los pertinentes permisos de trabajo.
Éstos últimos los concede la Delegación de Trabajo de la provincia donde va a ser contratado. Por lo que respecta a los empleados rumanos, hubiera bastado con esta gestión; el brasileño requería previamente legalizar su situación con el preceptivo permiso de residencia que debía haber solicitado ante la comisaría de Toledo.

Todos en plantilla

Lejos de la versión de los hechos ofrecida por Barchino, lo cierto es que él mismo fue detenido por los agentes que le tomaron declaración como imputado. Nombrado administrador único de Hípica Almenara desde 2009, explica a este periódico que el total de trabajadores del centro, incluido él, son seis, y asegura que “todos estamos en plantilla”.
Los cinco trabajadores ilegales se han ido incorporando a lo largo de los años. El primero de ellos entró a trabajar en 2002, otros tres –entre ellos el brasileño– comenzaron a trabajar para José Bono en 2006 y el último lo hizo en 2007.
Ahora, el expediente por la infracción de la Ley de Extranjería cometida por la empresa de José Bono debe resolverlo el delegado de Gobierno, Máximo Díaz Cano. Éste ocupa desde el 18 de octubre de 2005 el cargo de delegado de Gobierno en la Comunidad de Castilla la Mancha. Ex consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Díaz Cano es considerado como un hombre de José Bono.
Respecto al resto de profesionales que trabajan en Hípica Almenara, Ramón Navas Barchino ofrece explicaciones algo confusas: “Los profesores facturan de forma autónoma; tienen una empresa particular. Su contrato es de uso de las instalaciones. La relación con ellos es un contrato oral, ellos son independientes”. Los profesores de equitación también son cinco; entre ellos destacan los hermanos Honrubia. El hijo del actual presidente del Congreso compite con dos caballos propiedad de ellos: Winston y Moreau, éste inscrito a nombre de la madre de los Honrubia.

Datos del Registro

Las cuentas presentadas por Hípica Almenara ante el Registro Mercantil desde 2002, no hacen referencia a ninguna facturación cruzada con otras empresas, salvo con Attack, de la que es apoderado José Bono Rodríguez, y con Saja, la patrimonial de la familia.
Tampoco se recoge gasto de personal alguno hasta el año 2006, pese a que ya desde sus inicios cuenta al menos con dos empleados en el recinto. Ese año, la empresa de la que José Bono posee el 80% de las acciones, paga 47.758,63 euros en salarios; en 2007 la cantidad aumenta a 77.393, 98 euros. Las cargas sociales se acercan a los 35.000 euros.
Curiosamente, en 2008, cuando “la plantilla” está integrada por seis empleados, la partida presupuestaria relativa a los sueldos se reduce respecto a años anteriores y tan sólo reconoce unas cargas sociales de 26.129,96 euros. Únicamente detalla un sueldo, correspondiente al órgano de administración –que ejerce Ramón Navas Barchino–, de 22.521,19 euros.

La legalización de Batasuna (Fernando Savater)

Reconozco que formo parte de los que están impacientes por que Batasuna se legalice de una vez. Sería una excelente noticia y un verdadero alivio para todos los ciudadanos de este país. Significaría que ya nadie justifica o ampara políticamente el terrorismo etarra, que todos los que aspiran a plaza parlamentaria repudian el uso subversivo e ilegal de la violencia como coacción política y que asumen el marco constitucional español como fundamento de la convivencia aunque sea con el propósito explícito de rebasarlo hacia la independencia en cuanto alcancen apoyo democrático suficiente. No voy a decir que rezo todos los días para conseguir este objetivo porque, francamente, si ya me parece difícil creer en Dios, me resulta del todo imposible concebir un Dios ocupado en resolver papeletas políticas, como Ban Ki-moon. De modo que prefiero rezarle directamente a la propia Batasuna, que es la única que puede legalizarse a sí misma si pone lo necesario de su parte. Los demás no podemos por mucho que queramos, de verdad: ni Rubalcaba, ni Patxi López, ni el resto del Gobierno, ni siquiera el voluntarioso Eguiguren, que tanto lo intenta. Son ellos o nadie, la cosa no tiene vuelta de hoja.

Lo que exige la circunstancia es que Batasuna haga un ejercicio de realismo político y social o, si me perdonan la pedante referencia kantiana, que 'despierten de su sueño dogmático'. Es un sueño inducido por la violencia terrorista, la cual no sólo anestesia hasta la inhumanidad la conciencia moral de muchos sino que, sobre todo, les ciega con su espejismo sanguinario para ver la realidad en que viven. La persistencia del terrorismo y su 'lucha armada' les ha hecho creer que habitan un mundo virtual, donde rigen las leyes de la guerra, la resistencia contra la ocupación territorial por parte de las fuerzas enemigas y el pueblo que suspira por verse libre de la invasión alienígena: un videojuego, ya sea 'mortal kombat' o más probablemente el reino de los comecocos.

Cuando denuncien y renuncien a la violencia, a sus pompas y a sus obras, se disiparán las brumas -o al menos parte de ellas- y se encontrarán donde todos los demás estamos: en un Estado democrático europeo, con sus méritos e insuficiencias como el resto, donde los ciudadanos saben que hay muchos contenciosos políticos, económicos, regionales, etcétera, pero a casi ninguno se le pasa por la cabeza resolverlos asesinando al prójimo discrepante. Y concretamente en un País Vasco en el que la mayoría de los ciudadanos ha viajado y frecuenta los medios de comunicación lo suficiente como para carcajearse cuando alguien les dice que son parte de los oprimidos, excluidos e invadidos parias de la tierra. Salvo para los que siguen abducidos por la mitología apocalíptica etarra, eso ya no cuela.

A mí me parece que, efectivamente, a gran parte de la llamada 'izquierda abertzale' se le han caído por fin las escamas de los ojos. A palos, desde luego, a fuerza de derrotas, detenciones y exclusión política de quienes apoyan el terrorismo, pero ya van viendo con mayor claridad dónde están y lo que les espera si siguen como hasta ahora. Sin embargo, aún les queda un buen trecho para llegar a formar parte activa de la normalidad política de este país -me refiero a España, claro- como bastantes deseamos. Por supuesto, lo primero es el abandono de toda complicidad activa o pasiva con el terrorismo aún vigente, por residual que sea. Y el reconocimiento efectivo de que la violencia a condenar es la ilegal e ilegítima de ETA, no la fuerza democráticamente regulada del Estado de Derecho español (o francés, en su caso). No son pacifistas atrapados entre dos ejércitos, sino compañeros de viaje arrepentidos (queremos suponer) de una banda totalitaria que ha asesinado a cientos de ciudadanos libres por querer seguir siéndolo y ha interferido gravemente en la normalidad social de una democracia europea consolidada. El anhelado día del juicio final -o sea, cuando por fin acabe el terrorismo y se integren al debate político civilizado- debe quedar claro lo que son�y, ay, lo que fueron.

Por supuesto, no estamos hablando de un asunto a resolver por 'los vascos' sino por ciudadanos e instituciones del Estado español, que es el que hay, y quien no lo acepte así sigue prisionero de la realidad virtual y del videojuego de la violencia.

Y creo que aquí es donde se equivoca Eguiguren, al suponer que son las instituciones y partidos de la democracia española los que deben salir a buscar a los batasuneros para traerlos de la mano al mundo real. Pues no, son ellos mismos los que deben dar los pasos necesarios para ingresar en la legalidad y no esperar que ésta les busque a medio camino: el mínimo esfuerzo que se les puede exigir es que asuman plenamente adónde van, ya que probablemente aspiran a que no se les pidan con excesiva exigencia cuentas de dónde vienen. Tiene que quedar meridianamente claro que se incorporan al orden constitucional que los demás hemos defendido contra ellos, no a otro modificado para complacer sus exigencias, lo que validaría póstumamente el terrorismo.

Por lo demás, ya digo, muchos estaremos encantados de que se legalicen a sí mismos. Les esperamos sin truculencias ni aspavientos vengativos, pero con la lógica firmeza legal.

Fernando Savater, EL DIARIO VASCO, 26/6/2010

En torno al "Hijab" (Antonio Elorza)

La cuestión del velo islámico reaparece entre nosotros de manera recurrente, casi siempre como consecuencia de los problemas que surgen por el rechazo del uso del velo por una niña musulmana en instituciones educativas. La opinión pública se moviliza entonces entre dos polos, uno integrado por quienes son musulmanes o religiosos afectos al Islam, más los progresistas que esgrimen los derechos de la multiculturalidad; otro por los que ven en el uso del velo un ataque a las formas de vestido vigentes en un país occidental como el nuestro.

En apariencia, la pinza formada por los primeros parece llevar clara ventaja. De antemano, porque el derecho a la enseñanza ha de prevalecer sobre un tema formal como es el aditamento del velo al vestido, según recordaba el vicepresidente Chaves. Además porque viendo en el velo un elemento sobre todo cultural, identitario, proponer su rechazo es tanto como sentar plaza de xenófobo y/o islamófobo. Los europeos tendemos a la discriminación del 'otro', visto como bárbaro (T. Tdorov), y nada mejor que la prohibición del velo para mostrarlo. Hasta el absurdo: una niña amiga de la protagonista del episodio causante del debate llegaba a decir que en Marruecos se podía ir a la escuela en minifalda, por contraste con la intransigencia aquí mostrada (Invito a cualquier interesada a pasearse así sola por un lugar del interior del país vecino, no ya para entrar en un colegio, con la seguridad de experimentar la misma sensación de quien entra con una insignia bien visible del PP en un bar de Oiartzun).

C

onviene, pues, diseccionar el problema. Sólo hace falta recorrer la literatura islamista ofrecida en cualquier librería situada en torno al bulevar de Belleville en París para darse cuenta de que la imposición del 'hiyab' se ha convertido en el símbolo de los progresos de la islamización en una sociedad pluralista. De libertad de la mujer, nada. Más aún vale la pena adentrarse en el 'Informe Stasi' que sirvió de base a su prohibición en el espacio público para comprobar su papel en la generalización, no de una conciencia musulmana, sino machista e islamista, con el ejercicio sistemático de la violencia en los barrios periféricos sobre las muchachas que no llevaban 'hiyab'. «O el velo o el palo», advertían los seguidores de Jomeini en Irán, con el aliciente de los latigazos y las condenas de prisión a las infractoras. Por lo demás, las referencias al tema en el Corán apuntan sobre todo al mantenimiento del pudor, salvo en lo que concierne a las esposas del Profeta, hoy ya desaparecidas, y la fórmula imperante consiste en limitar la exhibición del cuerpo a cara y manos y corresponde a una sentencia de la recopilación de Abu Daud, tercera en estima, además insegura al faltarle el primer eslabón de la cadena de transmisión ('isnad'), iniciada en Aisha, viuda del Profeta. No hablemos de cubrimientos integrales por 'burkas' y 'niqabs', arraigados eso sí en la historia (vale la pena evocar las mujeres con 'niqabs' blancos en el cuadro de Carpaccio sobre el martirio de San Marcos en la Academia veneciana).

En sociedades fieles formalmente a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la generalización del 'hiyab' no constituye una buena noticia. Implica la aceptación por la mujer de una condición subalterna perfectamente definida en el Corán y sentencias ('hadiths') y por añadidura, si entramos a discutir la coartada identitaria, se constituye en un factor decisivo de rechazo de la integración en un sistema de valores universalmente avalado, así como de enquistamiento de la 'umma', de la comunidad de los creyentes, en un gueto respecto de nuestras formas de sociabilidad y de formación. No me imagino a una chica haciendo todos los ejercicios gimnásticos previstos en nuestros planes educativos con el 'hiyab' en la cabeza. El siguiente paso es rechazar que les sea enseñada la teoría de Darwin. Se insistirá en el valor de la multiculturalidad. Ahora bien, ésta no es aceptable si entraña la imposición de códigos de comportamiento de un grupo que contravienen la normativa y los principios de un Estado de Derecho.

Llegados a este punto, entran en escena las exigencias de la libertad. Pensemos lo que pensemos sobre el 'hiyab', es cuestión de las creyentes en el islam llevarlo puesto o no dentro y fuera de casa. Todo acto de oposición a este derecho es signo de xenofobia. Un demócrata se encuentra obligado a considerarlo simplemente como signo de diversidad cultural, como hay otros, ya que el hecho de circular por la calle con 'hiyab', con 'kipá', disfrazado de Sabino Arana o de punky no afecta a la convivencia social. Otra cosa es el espacio público, la Administración y sobre todo la enseñanza. La experiencia francesa ha sido muy positiva: el laicismo no ha causado ninguno de los problemas que se temían y el velo islámico ha desaparecido de las escuelas. Sólo que para alcanzar ese fin hay que proceder a la eliminación de todo vestido, emblema o imagen de significación religiosa. El criterio ha de ser aquí la igualdad. Si un aula está presidida por el Crucifijo, como si de una capilla se tratara, o son admisibles dentro del edificio escolar otros emblemas religiosos, tipo fotos visibles de Ratzinger o de Josemaría, ¿en razón de qué va a prohibirse el uso en la escuela del 'hiyab'?

Antonio Elorza, EL CORREO, 29/4/2010

Irlanda y los vascos (PATXO UNZUETA )

"Después del desenlace del último proceso de paz llegué a la conclusión de que era más fácil para ETA o para la izquierda abertzale renunciar a la lucha armada a cambio de nada que a cambio de contrapartidas políticas", dice Eguiguren en el escrito del que tanto se habla estos días. La razón es que nunca el Gobierno podría darles lo que se considerarían obligados a pedir, ni ellos aceptar lo que les pueda ofrecer el Gobierno. Es un comentario que admite matizaciones pero que tiene sustancia.

Si ETA no existiera, habría que intentar por todos los medios que a nadie se le ocurriera inventarla, pero puesto que existe y ha causado grandes desgracias, los que han vivido en su entorno se resisten a aceptar que pueda desaparecer sin más, es decir, sin alguna contrapartida política que justifique tanto dolor. Incluido el suyo: tantos años de cárcel y exilio.

Ningún Gobierno responsable podría ceder a las demandas de ETA (Navarra, cambios constitucionales): muchos ciudadanos lo considerarían una imposición, lo que seguramente provocaría problemas más graves que los actuales. La matización sería que no es del todo cierto que ellos no puedan aceptar lo que la democracia pueda ofrecerles: una reinserción a medio plazo. Primero, porque no es poca cosa: entre condenados y pendientes de juicio, hay cerca de 750 presos en España y Francia, y varios cientos más de huidos o clandestinos; y existe una fuerte resistencia de la opinión pública a ceder en esta cuestión, especialmente por parte de las asociaciones de víctimas, cuya opinión debe pesar en esto. Y, segundo, porque es lo que de verdad interesa a los presos (y huidos) y a sus familias.
Pero una reinserción sin negociación previa que condicione el cese de la violencia. Porque también en este terreno los jefes de la banda se considerarían obligados a exigencias radicales (todo y ahora) que retrasarían las medidas; y porque las resistencias sociales serían mucho menores tras la evidencia de la retirada de ETA. Solo después se plantearía lo que ha dado en llamarse, a la irlandesa, "superación de las consecuencias del conflicto", con iniciativas en favor de la reconciliación.

La idea de un abandono de las armas por decisión unilateral ha sido planteada alguna vez en ETA. "Podemos abandonar la lucha armada antes o después, pero no negociarla; la podemos abandonar porque lleguemos al convencimiento de que ya no da más de sí, o porque la vemos innecesaria en una etapa dada de la lucha; pero internamente y no en una mesa de negociación", escribió en Egin (22-2-1994) el ex liberado del comando Vizcaya Alfonso Etxegaray.
Gerry Adams y Martin McGuinness tuvieron que montar un escenario que presentase el fin de la violencia como efecto de un acuerdo político favorable para los republicanos. En particular, la garantía de que si un día había en el Ulster una mayoría favorable a la reunificación (lo que podría ocurrir por razones demográficas: los católicos tienen más hijos), Londres no se opondría. Pero el mayor incentivo para dejar las armas fueron las medidas de reinserción puestas en marcha tras el alto el fuego definitivo del IRA.

Tiende a olvidarse que los propios activistas también pierden la fe en una solución próxima a medida que van haciéndose mayores. En el informe sobre terrorismo encargado por el Gobierno vasco a varios expertos internacionales en 1986 se dice que el IRA no retiene a sus activistas si deciden abandonar la violencia ya que "reconoce que es una actividad para hombres jóvenes y que al pasar los años tal vez quieran casarse y normalizar su vida". De esa época es también un estudio que situaba el momento de abandono de la actividad hacia los 35 años, edad a la que los activistas solían tener su primer hijo. Procrear, tal vez, para ser más que los protestantes como forma de continuar la guerra por otros medios.
La semana pasada, con motivo de la publicación del informe sobre el domingo sangriento de 1972 (14 manifestantes desarmados abatidos a tiros por el ejército británico), se ha planteado la duda de si sus conclusiones no deberían servir para procesar, 38 años después, a los soldados y aquellos de sus mandos que sigan con vida. Entre los motivos invocados por quienes consideran que sería un error hacerlo destaca este: que si se hiciera, sería difícil evitar peticiones de reabrir expedientes de terroristas republicanos puestos en libertad sin que llegaran a ser juzgados, en el marco de los acuerdos de Viernes Santo.
Algo similar a lo que, en aras de la reconciliación y de la convivencia, hubo de hacerse aquí tras la muerte de Franco y de nuevo con motivo de la autodisolución de ETA (p-m), en 1981. Los que entonces defendieron esas medidas son hoy, por lo general, poco partidarios del revisionismo sobre la Transición de quienes proponen, en nombre de la memoria antifranquista que no tienen, derogar la Ley de Amnistía.

Los inspectores acusan a Hacienda de dar trato de favor a las fortunas en Suiza

Inspectores, subinspectores y técnicos de Hacienda han puesto el grito en el cielo. Consideran que la Agencia Tributaria está dando un «escandaloso trato de favor» a las fortunas españolas con cuentas opacas en Suiza «al invitarles» a regularizar su presunto fraude con el pago de un recargo máximo del 20%, en lugar de abrirles una inspección y aplicar las sanciones correspondientes.
En este sentido, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado asegura en un comunicado que estas prácticas «se asemejan a una amnistía fiscal» porque permite a estos contribuyentes regularizaciones, incluso parciales, y se les pone sobre aviso de la información de que dispone la Agencia Tributaria.
José María Peláez, miembro de la citada organización y ex presidente de la misma, explicó a ABC que no es la primera vez que se utiliza este mecanismo. Ya se hizo con los propietarios de billetes de 500 euros, o con la cuentas descubiertas en Liechtenstein, de los que sólo un 20% regularizó voluntariamente.

Los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), por su parte, estudian incluso la posibilidad de desarrollar acciones legales ante la Fiscalía Anticorrupción por el «trato de favor» que, en su opinión, la Agencia Tributaria está dispensando a los titulares de estas cuentas opacas. Gestha denuncia que los pequeños contribuyentes carecen de una segunda oportunidad para regularizar sus obligaciones por lo que consideran «inconcebible» que la entidad responsable de encabezar la lucha contra el fraude ofrezca al defraudador la posibilidad de saldar «voluntariamente» sus cuentas con el Fisco y ahorrarse de este modo sanciones y las consecuencias de un presunto delito fiscal.
La Agencia Tributaria se defiende de estas acusaciones y las niega de manera tajante. En un comunicado asegura que los requerimientos efectuados no son una simple invitación, sino «un requerimiento formal con acuse de recibo» que puede conllevar la aplicación de sanciones. «Nada más lejos de un perdón o un trato de favor a determinados contribuyentes», argumenta.
Hacienda aclara, asimismo, que la información que ha recibido es «importante y masiva, afecta a un importante número de contribuyentes y de ella pueden derivarse posibles irregularidades tributarias que ahora hay que investigar».

La Agencia Tributaria advierte que los contribuyentes que no regularicen adecuadamente su situación tributaria en el plazo incluido en el requerimiento serán objetivo de comprobaciones inspectoras que podrán culminar con el envío a los tribunales por delito fiscal. Y además, recuerda a los contribuyentes con dinero en países opacos que no hayan declarado, que se planteen su regularización ya que la colaboración entre el G-20 y la OCDE avanza con rapidez, y cada vez es mayor el intercambio de información entre todos estos países.
Y mientras, se van conociendo más detalles sobre el presunto fraude. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, confirmó que se han enviado requerimientos a los titulares de unas 3.000 cuentas bancarias en Suiza, lo que no significa que sean 3.000 contribuyentes, ya que una misma persona o sociedad puede ser titular de varias cuentas. De hecho, parece que en los listados enviados a España de clientes de HSBC, habría unos 1.500 españoles.

NOTICIA ENVIADA POR DAVID G-M

La maleta de Corbacho (Iñaki Ezkerra)

Corbacho ha dicho que con un cuarto de hora tendría bastante para hacer la maleta y volverse a Hospitalet. Lo ha contado como una hazaña, pero yo no le veo el mérito a esa rapidez para trasegar con las corbatas y los calzoncillos. Yo es que tampoco he tardado nunca más de un cuarto de hora en hacer la maleta para todos los viajes que hecho en mi vida. Eso es lo normal en el siglo XXI. Lo que no es normal es esa gente que necesita un día entero para tan trivial menester. Eso es como de pueblo y como de antes, de cuando no se viajaba o se hacía en diligencia.

Corbacho llegó al Ministerio diciendo que no tenía competencias para hacer nada. Y nada ha hecho. Ni la reforma laboral, que nos la han tenido que dictar desde Bruselas en un cuarto de hora, como él hace su maleta. Corbacho es un inactivo confeso. Por no tener, no tiene ni apego al cargo, cosa que es de agradecer cuando no se le va a recordar por nada. Corbacho es el ministro perfecto para una crisis económica, el que nos ha salido más barato. No ha intentado justificar su sueldo gastando el erario público en iniciativas tontorronas como cuartear el Archivo de Salamanca o editar un cómic sexual contra el Papa. Corbacho no ha hecho nada y por eso mismo yo es al que mantendría en el cargo. Yo lo tomaría como modelo para una Ley de Inhibición de los Cargos Públicos que sería la mejor medida contra la crisis. Que no hagan ninguna nada. Y Cobarcho que no haga la maleta por favor. Hospitalet puede prescindir de él.

Artículo enviado por David G-M

¿Alguien tiene un plan? ( Francesc de Carreras)

Las medidas prioritarias sólo son aquellas en las que piden sacrificios a los ciudadanos   La impresión es que falta un plan. Alguien que tenga en la cabeza todo lo que debe hacerse, reparta cargas equitativamente y lo cuente con argumentos convincentes. Sin un plan de conjunto, convenientemente razonado, no hay forma de convencer al ciudadano que debe estrecharse el cinturón. Sobre todo cuando ve que a los causantes del embrollo se les arreglan los asuntos desde el poder y a ellos se les piden sacrificios.Ante las medidas que van adoptando los poderes públicos para hacer frente a la crisis económica, el ciudadano medio está, cuando menos, perplejo. El otro día me decía un político que ellos también. Quizás. Pero el deber de los políticos es explicar las razones de sus medidas, no una por una, como medidas aisladas y sin conexión entre ellas, sino unidas por un hilo conductor que permita entenderlas en su conjunto. Sólo así podrá el ciudadano, en su caso, aceptar sacrificios. La perplejidad del ciudadano proviene de algunas contradicciones, cuando menos aparentes. Quizás la más obvia: los poderes públicos se volcaron en la ayuda a las entidades financieras mediante el FROB, un fondo de rescate al que se han acogido algunas cajas. Se alegaba que asegurar el sistema financiero era fundamental porque constituye algo parecido al sistema sanguíneo sin el cual los humanos, inevitablemente, morimos. Probablemente es cierto: aceptemos que se trata de una medida necesaria. Pero a la vez, también se sostenía que un componente de la crisis había sido la imprudencia de estas mismas entidades financieras en dar créditos sin reservas suficientes y, por tanto, endeudándose más de la cuenta en los mercados mundiales. Una deuda privada externa que ahora debe devolverse. Ahora bien, entre las medidas que se van tomando, de forma un tanto desordenada por no decir caótica, no está la reforma financiera que impida volver a las andadas. Las medidas prioritarias sólo son aquellas en las que piden sacrificios a los ciudadanos: rebaja del sueldo a funcionarios, congelación de pensiones, subidas de impuestos y abaratamiento del despido. Quizás están justificadas, pero esta justificación no se ha explicado al ciudadano, especialmente no se ha explicado que forman parte de un plan conjunto que acabará beneficiándole. Recuerdo hace años que el profesor Fuentes Quintana, ministro de Economía de Suárez, salía por televisión disertando con gran claridad de la situación de nuestra economía, las medidas necesarias y sus razones. También entonces se pedían sacrificios. Incluso años antes recuerdo a Alberto Ullastres hablando de garbanzos y lentejas, y después a Boyer y a Solchaga razonando sus posiciones. Ahora no hay nada de eso, sólo breves declaraciones de ministros distintos que anuncian medidas parciales sin explicarlas: un día una cosa, otro la otra, sin saber el porqué. Una obra sin argumento. Francesc de Carreras La Vanguardia (26.06.2010)

Magdalena Álvarez ganará más de 20.000 euros al mes en un banco público europeo

La ex ministra de Fomento y eurodiputada Magdalena Álvarez será nombrada en julio vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a propuesta del Gobierno español, que se reparte con Portugal uno de los preciados sitios en la institución de la UE.

En el codiciado puesto, y como es habitual en las instituciones comunitarias, la política socialista ganará más de 20.000 euros al mes durante, al menos, seis años. A esta cantidad hay que añadir la pensión que cobra del Estado en calidad de ex ministra y que asciende a 4.600 euros brutos al mes.

 Os dejamos algunas de las declaraciones de magdalena Álvarez en el pasado, méritos que por derecho propio la han llevado a la cima, dónde está ahora. Pincha aquí.

Más Magdalena, más Magdalena,,,,, pincha aquí si quieres seguir disfrutando de su sabiduría.

Magdalena la lía parda,,,

El Estado Vasco (Florencio Domínguez)

 

El 14 de mayo de 2006, dirigentes de ETA aparecieron entrevistados en el diario Gara sin hacer ninguna mención al Estado vasco. La expresión tampoco apareció en ninguno de los ocho comunicados, los dos 'zutabes' y un folleto difundidos por la banda terrorista a lo largo de ese año. El 5 de enero de 2008 apareció una nueva entrevista a cabecillas etarras y en ella había quince menciones al Estado vasco, al Estado independiente o al Estado de Euskal Herria.

El acuerdo suscrito el domingo por Batasuna y Eusko Alkartasuna tiene como «objetivo estratégico» la «constitución del Estado vasco», según se afirma. El documento revela, una vez más, la capacidad de ETA y su entorno de imponer el lenguaje político en la agenda nacionalista.

Ocurrió lo mismo con el uso exclusivo de la expresión Euskal Herria utilizada por ETA en sustitución de Euskadi a partir del segundo trimestre de 1992 y que acabó generalizándose en una buena parte del nacionalismo. En los 24 comunicados difundidos por ETA durante 1991 y el primer trimestre de 1992 aparece 21 veces Euskadi y 18 Euskal Herria. En los siete comunicados elaborados entre abril y diciembre de 1992 aparece 77 veces Euskal Herria y ninguna Euskadi. Como si las realidades políticas se crearan a base de repetir la palabra mágica una y otra vez. Algo parecido ha hecho la banda con la idea del Estado vasco.

La expresión apareció en documentos internos de ETA en el verano de 2006, durante la tregua, cuando la banda perfiló el proyecto que reclamaba la «autonomía a cuatro» (el País Vasco más Navarra) con reconocimiento del derecho de autodeterminación, proyecto que haría público Batasuna en febrero de 2007.

ETA elaboró la propuesta pensando no tanto en que podía conseguir sus objetivos a corto plazo por cesión de los Gobiernos español y francés, sino «como instrumento de lucha para alimentar la nueva fase del enfrentamiento», tal y como señala un documento interno fechado en agosto de 2006. Es ese documento el que, por vez primera, refleja el concepto de Estado vasco, ya que ETA expresa que su propuesta debe «establecer una nueva base política para crear un Estado vasco independiente y soberano».

La banda terrorista se ve como vanguardia ideológica que arrastra al resto del nacionalismo a la aceptación de su terminología y sus planteamientos. Documentos como el suscrito el domingo entre Eusko Alkartasuna y los herederos de la ilegalizada Batasuna le ratifican en esa percepción. 

Florencio Domínguez, EL CORREO, 22/6/2010

Recuerdos envenenados (Fernando Savater)

David Rieff es un periodista y politólogo que ha publicado durante muchos años trabajos destacados en revistas como New Republic y World Policy Journal, aunque probablemente en España sea más conocido por Un mar de muerte, en el que narra la última enfermedad y muerte de su madre Susan Sontag (publicado por Debate en castellano y La Magrana en catalán). También importa destacar que es fundador y director del departamento Crímenes de Guerra en la Universidad Americana de Washington DC. Ha conocido personalmente esos crímenes en lugares como Ruanda, Kosovo, Israel y Palestina, Irak o Bosnia. Precisamente es su experiencia en este último país la que ha provocado su obra más reciente: "En las colinas de Bosnia aprendí a odiar pero sobre todo a temer la memoria histórica colectiva. En su apropiación de la historia, que ha sido mi pasión más sostenida y mi refugio desde la infancia, la memoria colectiva logra que la historia misma se parezca más que a nada a un arsenal lleno de armas necesarias para mantener las guerras o hacer de la paz algo tenue y frío". El libro, breve y contundente, que ha escrito para University of Melbourne Press se titula Against Remembrance. O sea, Contra el recuerdo, pero conviene tener en cuenta que "remembrance" se usa también por "conmemoración". En efecto, mientras que la memoria personal recuerda incluso sin querer y con frecuencia se esfuerza en olvidar para iniciar nuevas etapas de la vida, la memoria colectiva conmemora como hitos inamovibles ciertos acontecimientos en que funda la identidad grupal y considera el olvido no una nueva oportunidad sino un atentado. Para Rieff, la memoria colectiva difiere esencialmente de la historia: primero, porque la historia se ocupa de los sucesos como algo pasado, es decir que ya no está, mientras que la memoria colectiva conmemora el pasado como aún presente -para bien o para mal- y como razón fundamental de las empresas actuales; segundo, porque la historia no es un menú del que se pueden incluir los platos sabrosos y excluir los indigestos, mientras que la memoria colectiva selecciona, sacraliza y mitifica de acuerdo con el narcisismo del grupo y sus ambiciones del momento. La historia pretende establecer la verdad de lo que fue y la memoria histórica influir en la verdad de lo que es; la primera se modifica al descubrir nuevos hechos, la segunda cambia con los intereses estratégicos. El autor se enfrenta a venerables tópicos, como el dictamen de Santayana "los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo" (dada la perpetua transformación de las sociedades, ninguna tragedia o desmán rememorados vacunan contra otros futuros y a veces sirven para legitimarlos) o el de que no hay verdadera paz sin haber hecho justicia (abundan los ejemplos contrarios y no siempre pueden ser igualmente bienaventurados los justicieros y los pacificadores). La memoria de los crímenes puede estar justificada en tanto viven quienes los cometieron, pero más allá de la desaparición de estos se convierte en una carga culpabilizadora que busca nuevos chivos expiatorios y fomenta discordias o atropellos. Recuerda Rieff que el complejo colectivo de víctimas suele crear otros verdugos: los nazis consideraban a los judíos culpables de la derrota alemana en la Gran Guerra, los estalinistas proclamaban que los kulaks boicoteaban la revolución y hoy algunos sionistas creen que los horrores del Holocausto justifican cualquier política opresora de los palestinos. Cuando un grupo humano tiene tendencia a automitificarse, incluso las mejores razones de la memoria colectiva son un combustible peligroso. También se ocupa brevemente del juez Garzón, tanto por el caso Pinochet como por su conflictivo intento de abrir la causa de los crímenes del franquismo. Su comentario es matizado y respetuoso. Quienes aquí nos aseguran que en el extranjero el asunto no se entiende o resulta escandaloso harán bien en leer a Rieff: para enriquecer su perspectiva. Fernando Savater El Pais (22.06.2010)

Sangiento (Rosa Montero)

Resulta que han descubierto en Afganistán unos yacimientos minerales fabulosos. Oro, cobre, hierro, cobalto y, sobre todo, litio, que es un componente fundamental en los aparatos electrónicos. O sea que los talibanes son ricos: controlan militarmente la mitad de los yacimientos. Los periódicos celebran este premio gordo de la lotería geológica como si se tratara de algo muy bueno para un país tan paupérrimo, pero yo no sé si felicitarlos o mandarles el pésame.

En primer lugar, este súbito descubrimiento no ha sido nada súbito: aunque la noticia la acaba de revelar The New York Times, el yacimiento se conocía desde 2007, y seguro que su existencia se sospechaba desde mucho antes. Con lo cual todo el frenesí guerrero que ha vivido durante años esa tierra pelada y miserable empieza a adquirir cierto sentido, una lógica mucho más interesada y más siniestra.

Como también podría tener otra interpretación la reciente oferta de paz hecha a los talibanes, y que ahora se traduciría de este modo: pueden seguir torturando a sus mujeres tan ricamente, siempre y cuando dejen explotar los yacimientos a la gente adecuada. ¿Y quién sería esa gente? La historia ha demostrado que la combinación de un país pobre, inestable y corrupto con un yacimiento fenomenal solo conduce a más pobreza, más inestabilidad y mucha más violencia: véanse los diamantes de Sierra Leona o el coltán del Congo. Las luchas comerciales por el control de los yacimientos se camuflan bajo la degollina atroz de las guerras tribales, atizadas con armas, mercenarios y dinero extranjero. No es el argumento paranoico de una mala película: organizaciones serias y fiables (entre ellas la ONU) han encontrado pruebas de todo esto. Me temo que, dentro de nada, estaré escribiendo mis artículos en un ordenador cuya batería llevará litio sangriento. Ya digo, pobres afganos. Y, sobre todo: qué será de ellas.

Boyer: 'Si se siguen bajando los sueldos en el Gobierno, sólo llegarán analfabetos' (NOTICIA ENVIADA POR DAVID G-M)

APOYA LA REFORMA LABORAL

• Aboga por retrasar la edad de jubilación 'porque cada vez se vive más'
• Dice que no volvería a la política 'aunque estuviera muy bien pagado'

El ex ministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer. | Efe

Actualizado lunes 21/06/2010 13:04

Europa Press

Madrid.- Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda entre 1982 y 1985 durante la primera legislatura de Felipe González, ha criticado las bajadas de salarios que se están produciendo en la Administración como medida de ajuste. "Si se siguen bajando los sueldos, sólo llegarán analfabetos a la dirección del Gobierno", ha asegurado.

En un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Boyer rechazó la posibilidad de volver a ocupar la cartera de Economía aunque el presidente del Ejecutivo, José Luís Rodríguez Zapatero, se lo pidiera, por su edad y a causa del sueldo de los ministros. "Si se siguen bajando los salarios o manteniendo los que hay ahora en la alta administración,pronto sólo llegarán los analfabetos a la dirección del Gobierno", aseguró.

"No se trata de equiparar los sueldos a los de los presidentes de bancos, pero sí de que los ministros principales y los directores generales pueden tener una remuneración del orden de un subdirector de una empresa cualquiera", precisó el ex ministro, quien argumentó la postura en su intención de no desanimar a los jóvenes en la carrera política.

No obstante, Boyer abundó en que no volvería a situarse al frente de la economía española, pese a que el cargo estuviera muy bien pagado y pudiera mantener a su familia, ya que tampoco tiene la edad de estar en "la brega cotidiana" y de sufrir más de lo que ya sufrió en otros tiempos.

Medidas 'valientes'

Boyer ha respaldado las medidas "valientes y ajustadas" puestas en marcha por el Ejecutivo y la reforma laboral en curso, al tiempo que solicitó que se retrase la edad de jubilación "en función del aumento de la edad media de los españoles".

Boyer aseguró que "hay que asumir ajustes muy duros que van a ralentizar el ritmo de la recuperación", porque la prioridad es "reducir el déficit y estabilizar la deuda pública", aunque advirtió de que, paralelamente, "los gobiernos deben estar atentos para no generar inflación ni pérdidas de puestos de trabajo".

Respecto a la reforma laboral, y en la línea seguida por el Gobierno, el ex ministro apostó, "como la única salida viable", por "incentivar el contrato de fomento de la contratación indefinida" y llevar a cabo una "transición paulatina" gracias a acuerdos colectivos, renegando de las iniciativas "simplistas" que pretenden conseguir inmediatamente un sólo contrato.

Boyer, que abordó la cuestión de la edad de jubilación, defendió retrasarla "en función del aumento de la edad media", ya que "sería una tragedia estar mano sobre mano a partir de los 65 años cuando cada vez se vive más". En este sentido, consideró adecuado "haber llevado la cuestión al Pacto de Toledo" y abogó por referenciar la cuantía de la prestación a los años de trabajo.

Además, preguntado por la principales reformas estructurales a afrontar, el ex ministro incidió en la mejora de la formación de los trabajadores y en la renovación del sistema educativo secundario como pilares para el cambio de modelo productivo.

A nivel financiero, Boyer destacó "lo crucial del momento actual" y la relevancia de no restringir el flujo de crédito. "Si los bancos centrales no consiguen calmar a los inversores que apuestan a la baja ni a los prestamistas, el euro y el tipo de cambio común se tambalearán", indicó.

El ex ministro se mostró "encantado con la depreciación de la moneda única frenta al dólar" y, "sin ser partidario de Trichet", alertó de la amenaza que supondría el nombramiento del actual presidente del Bundesbank como máxima autoridad en la dirección del Banco Central Europeo.

OPINIÓN DAVID G-M:

¿Y qué hay de la vocación y del deseo de servicio público? Si alguien desea ser político exclusivamente por el dinero, es que no será un buen político...

Y si hay que incentivar económicamente a los jóvenes para que sean políticos, ¿no habrá que incentivarlos también para que sean carteros, torneros fresadores o médicos internistas?

Zapatero ordenó abrir una investigación interna sobre Bono para acabar con su carrera política

 ARTÍCULO ENVIADO POR DAVID G-M

"Los de los propios partidos son unos hijos de puta". Lo dijo José Bono en noviembre de 2008, durante una conversación informal captada por un micrófono indiscreto, en respuesta a las críticas del PSOE por su decisión de colocar en el Congreso de los Diputados una placa de homenaje a sor Maravillas de Jesús, la monja nacida en unas dependencias parlamentarias y más tarde perseguida en la Guerra Civil. Pero también pudo haberlo dicho -y tal vez con mayor motivo- en la primavera del año 2000.
José Luis Rodríguez Zapatero, entonces diputado y aspirante a secretario general del PSOE, ordenó a su hombre de confianza y portavoz de la ya desaparecida corriente Nueva Vía, Jesús Caldera, que abriese una investigación interna, para la que utilizó medios humanos y materiales del partido, en busca de pruebas del supuesto enriquecimiento ilícito de Bono, en aquel momento presidente de Castilla-La Mancha y rival de Zapatero al cargo de secretario general en el 35º Congreso Federal socialista celebrado en julio de 2000.

Tras el descalabro del PSOE en las elecciones generales de marzo de ese año, en las que el PP de José María Aznar alcanzó la mayoría absoluta, el candidato del PSOE y secretario general del partido, Joaquín Almunia, presentó su dimisión y abrió un periodo de interinidad que culminó en el 35º Congreso Federal, cuando Zapatero, contra todo pronóstico y por un estrechísimo margen de sólo nueve votos, se impuso a Bono -y a las también aspirantes Rosa Díez, hoy líder de UPyD, y Matilde Fernández, del llamado sector guerrista- y fue proclamado secretario general del PSOE.

"No era trigo limpio"

Fuentes muy cercanas al PSOE de Castilla-La Mancha y a la extinta Nueva Vía -la corriente interna impulsada en 2000 por Zapatero, Caldera y otros jóvenes dirigentes socialistas de la época, entre ellos los ex ministros Juan Fernando López Aguilar y Jordi Sevilla o la actual titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, para hacerse con las riendas del partido- han revelado que Zapatero encargó a Caldera, entonces portavoz del PSOE en la Comisión de Infraestructuras del Congreso, una exhaustiva investigación sobre el patrimonio de Bono, de quien ya entonces "sospechaban que no era trigo limpio".
El objetivo de Zapatero y de Nueva Vía, según las fuentes consultadas, era "sacar a relucir los trapos sucios de Bono para eliminarlo como candidato a secretario general del partido, porque sabían que era el rival a batir en el Congreso Federal, y de paso acabar con su carrera política". Bono fue el último de los cuatro aspirantes a suceder a Almunia al frente del PSOE en formalizar su candidatura, pero desde la debacle socialista en las urnas, el 12 de marzo de 2000, nunca ocultó sus aspiraciones. 

Caldera, que además de portavoz en la Comisión de Infraestructuras había sido número dos del Grupo Parlamentario Socialista, cumplió la orden de Zapatero y encargó la investigación del patrimonio de Bono a un fontanero del partido, Julio Pérez Sanz, actual jefe de Gabinete del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y anteriormente del propio Caldera durante su etapa como titular de ese departamento en el primer Gobierno de Zapatero.

Estrecho colaborador de Bono

Pérez Sanz, íntimo amigo de Caldera y entonces asesor del PSOE en el Congreso, se puso al frente del equipo de sabuesos que debía investigar contrarreloj el patrimonio de Bono -el Congreso Federal se iba a celebrar apenas tres meses más tarde-, del que también formaron parte otros tres asesores del Grupo Parlamentario Socialista.
La elección de Pérez Sanz para dirigir ese equipo no fue casual, ya que Zapatero y Caldera sabían perfectamente que el fontanero socialista había sido anteriormente jefe de Gabinete del propio Bono en la Presidencia de Castilla-La Mancha y, por lo tanto, conocía información sensible sobre éste. "Cuando Pérez Sanz recibió el encargo de Zapatero y Caldera ya no era, precisamente, forofo de Bono", apuntan con ironía las fuentes consultadas. 
El actual jefe de Gabinete de Corbacho, ni confirmó ni desmintió todos estos extremos. Pérez Sanz se limitó a señalar a este periódico: "Ha pasado mucho tiempo. No recuerdo haber recibido ninguna indicación de Zapatero o Caldera para investigar a Bono". Pero, según las fuentes consultadas, la investigación para hacer aflorar los "trapos sucios" del ex presidente de Castilla-La Mancha no se limitó a su patrimonio personal. "El equipo dirigido por Pérez Sanz", aseguran, "tenía instrucciones de husmear en todo lo relacionado con Bono, incluida su vida privada".
El ahora presidente del Congreso, según las mismas fuentes, abortó la investigación, una vez que ésta ya se había iniciado, tras ser alertado por un estrecho colaborador. Bono, aseguran esas fuentes, puso los hechos en conocimiento de Ferraz y de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista.  

 De 'Bambi' a 'El killer' 

La investigación a Bono es una buena muestra del carácter frío e implacable de Zapatero cuando es el poder lo que está en juego. El líder socialista cargó con el apodo de Bambi durante su etapa en la oposición, pero tras llegar a La Moncloa en 2004 dejó claro que no le temblaba el pulso a la hora de aniquilar políticamente a sus más estrechos colaboradores. Su apodo cambió radicalmente: Zapatero se había convertido en El killer.

Los más damnificados fueron, precisamente, los integrantes de Nueva Vía, el movimiento con el que el diputado leonés impulsó su candidatura a la Secretaría General del partido. Sevilla sólo resistió tres años en el Ministerio de Administraciones Públicas; López Aguilar tuvo que dejar, muy a su pesar, la cartera de Justicia para liderar el PSOE en Canarias y, más tarde, en el Parlamento Europeo; Caldera fue defenestrado del Ministerio de Trabajo a cambio del premio de consolación de la Fundación Ideas; y Jiménez tuvo que esperar hasta 2009 para convertirse en ministra de Sanidad.

Zapatero tampoco tuvo piedad con el ex presidente del Congreso, Manuel Marín, a quien jubiló precisamente para colocar a Bono, ni con Alfonso Guerra: el veterano dirigente socialista pretendía ocupar en 2008 la Presidencia del Congreso, pero Zapatero lo confinó de nuevo a la Comisión Constitucional.

Pero el caso más paradigmático es la caída de Caldera. El actual responsable de la Fundación Ideas fue un fiel escudero de Zapatero desde que éste presentó su candidatura al liderazgo del partido. No dudó en encargarse del trabajo sucio, como la investigación a Bono, y durante cuatro años fue el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados. Tras el triunfo electoral de 2004, sorprendió que Zapatero sólo le premiara con la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales, pero la sorpresa fue aún mayor cuando en 2008 le expulsó del Gobierno.   

Zapatero ya mostró algunos rasgos de ese carácter implacable mucho antes de convertirse en secretario general socialista. Su ascenso en el PSOE de León fue meteórico, y allí se acostumbró a batallas intestinas por el control del partido. En 1994, un joven Zapatero saltó a los titulares de la prensa nacional al denunciar que el sector guerrista había afiliado al PSOE de Castilla y León un millar de personas de forma irregular. El ex ministro Javier Sáenz de Cosculluela fue enviado desde Ferraz a investigar las afiliaciones, pero no logró comprobar la existencia de un fraude masivo. Por su parte, los guerristas leoneses acusaron a Zapatero de mantener 18 agrupaciones "fantasma", así como de diversas irregularidades administrativas.   

Los trapos sucios de Bono

El patrimonio de Bono y su extraordinario enriquecimiento ha sido desvelado en los últimos meses por los medios de comunicación, y denunciado ante la Fiscalía General del Estado por el Partido Popular. Sin embargo, el equipo de Zapatero ya encontró en 2000 motivos para sospechar del ex presidente castellanomanchego. Entonces, y según su declaración de bienes publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, poseía una casa y dos fincas rústicas en Salobre (Albacete), dos pisos en Madrid, otro en Toledo, así como la todavía residencia familiar, un chalet en Olías del Rey (Toledo).

La adquisición de esta vivienda había provocado que el periódico La Razón dedicara una portada completa a Bono el 10 de junio de 1999 con el siguiente titular: "Bono compra más barato que nadie". Y es que, según denunció este diario, el político socialista pagó 53.672 pesetas por metro cuadrado, cuando el precio medio más barato de las viviendas de la zona, de protección oficial, era de 84.505 pesetas. Según fuentes del PP, Bono trató de ocultar a su electorado esta información ordenando comprar masivamente los ejemplares de este diario, por lo que los populares decidieron enviar desde Madrid más periódicos para repartirlos entre los castellanomanchegos.

Además, Bono declaró que, para adquirir el chalet de 401 metros cuadrados, había contraído una deuda de más de 15 millones de pesetas directamente con el constructor, sin la mediación de ninguna entidad financiera, y sin aportar pruebas de los pagos. Diez años después del intento de investigación de Zapatero, las investigaciones periodísticas han sacado a la luz que el patrimonio de Bono alcanza los 6 millones de euros. ¿Casualidad?