Las CCAA generarán el 50% del déficit en 2011

Las cuentas públicas han sido la gran preocupación en toda la UE a lo largo de este 2010. Numerosos países, empezando por Grecia y continuando por Irlanda o España han sufrido crisis de deuda, cuando los mercados han dudado de su capacidad para afrontar los pagos de los créditos pedidos. Además, las autoridades comunitarias han apretado las tuercas a los estados más díscolos, temiendo que la laxitud presupuestaria podía hacer caer al euro.
En todo esto proceso, España ha estado permanentemente en el ojo del huracán. Primero el Gobierno negó la posibilidad de que el Tesoro Público pudiera siquiera acercarse al impago. Luego, tras la crisis de comienzos de mayo y la intervención de los grandes socios de la UE llegó el tijeretazo, las reformas y el cambio de política (del discurso sobre el "necesario" gasto público a la "austeridad").
Sin embargo, nada de esto tendrá sentido si no cambia el que se ha convertido en el principal problema de España en relación con las cuentas públicas: el sistema de financiación autonómica.
El año que viene, más de la mitad del déficit (un 3,3% de un total previsto del 6,0%) vendrá de los gobiernos regionales. Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que de las arcas centrales salen los principales pagos de política social (pensiones o prestaciones por desempleo). Es decir, que los Gobiernos regionales no han hecho el ajuste que sí acometen el resto de las administraciones.

Esta tendencia no es nueva: la deuda autonómica se ha multiplicado de forma constante a lo largo de los últimos años y no parece que esta tendencia vaya a cambiar. Según el informe presentado este lunes por el Círculo de Empresarios sobre el "deterioro y la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas", el personal al servicio de las administraciones públicas españolas ha crecido en casi más de 550.000 empleados desde 1998. Pero hay que tener en cuenta que el Gobierno central ha perdido más de 300.000 puestos, mientras que las autonomías aumentaban este número en más de 668.000 (los empleados regionales ya suman 1.345.000, más del 50% del total de funcionarios españoles).

Es sólo un ejemplo que se ve ratificado por los datos de deuda de las empresas públicas de las CCAA. Según se puede ver en el siguiente gráfico, este tipo de entidades ya tiene unos números rojos equivalentes al 1,5% del PIB (y subiendo).

Las autonomías son entidades fundamentalmente de gasto (aplican las políticas más populares, como sanidad o educación), pero no de recaudación, puesto que la mayoría de los impuestos los sigue cobrando el Gobierno central. Esta peculiaridad hace que haya demasiados incentivos para aumentar el dispendio, puesto que luego el capítulo de ingresos depende de una negociación política (en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el Congreso o en una negociación particular por una determinada ley).
Con todos estos datos, no es extraño que los expertos alerten sobre la necesidad de controlar las cuentas públicas de los barones regionales. Este lunes, han sido el Círculo de Empresarios y el Instituto de Estudios Económicos los que han alzado la voz. Ambos han presentado sus conclusiones sobre los presupuestos y ambos han resaltado la importancia de que los ajustes lleguen también a los gobiernos autonómicos.

"Sanciones"
El primero de estos organismos asegura que será "crucial que en las CCAA se establezcan medidas rigurosas de control del gasto" y alerta de que el nivel de deuda regional ha crecido en el último año a un ritmo superior al 25%, alcanzando ya el 10% del PIB español. Su estudio es especialmente crítico con las empresas públicas, "cuya deuda se ha duplicado desde 2004", por lo que afirma: "es imprescindible cortar esta sangría, impidiendo el recurso descontrolado a la constitución de empresas e instituciones públicas. De hecho, el Círculo de Empresarios propone fijar un techo de gasto para las comunidades autónomas, cuyo incumplimiento acarrearía sanciones, ya que así se corregiría la "asimetría" de un sistema en el que las posibles sanciones europeas recaen únicamente sobre la Administración Central.
En la misma línea se ha expresado el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su informe sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Este organismo asegura que "una cuestión primordial sería la reducción y el condicionamiento de las transferencias a las administraciones territoriales", a fin de "no crear estructuras de incentivos equivocadas por parte de las comunidades autónomas". Este mismo estudio, se pide que se haga efectiva "la corresponsabilidad fiscal", que favorezca un cierto grado de "competencia fiscal entre las regiones" y que se elimine la "gran opacidad en las cuentas de las administraciones públicas territoriales".