Filibusterismo (Francesc de Carreras)

La desesperación les lleva a intentar aplazar con diversos trucos la sentencia del Estatut Las últimas peripecias habidas en el curso del proceso de elaboración de la sentencia del TC sobre el Estatut ponen de relieve, una vez más, el miedo que esta sentencia provoca en las filas de los partidos políticos catalanes que le dieron apoyo. Muestra también el poco aprecio de estos partidos por el Estado de derecho, las normas democráticas y la Constitución. El comportamiento de estos partidos en este asunto ha tenido, grosso modo, dos grandes fases. La primera fue una confianza absoluta en que la sentencia declararía al nuevo Estatuto catalán sustancialmente adecuado a la Constitución española, quizás con algún pequeño reparo de detalle pero, en todo caso, de poca importancia. Esta posición no se sustentaba en razones jurídicas sino simplemente en la convicción de que un Tribunal en el que, por estrecha mayoría, pero por mayoría, predominaba el llamado "sector progresista", no podía ser desfavorable al texto. Era una interpretación meramente política, sin tener en cuenta que los jueces son independientes en todo excepto en que, más allá de sus convicciones ideológicas, sólo pueden interpretar normas jurídicas, en este caso la compatibilidad del Estatut con la Constitución. Una segunda fase empezó en julio pasado al filtrarse el resumen de un borrador en el que se declaraban inconstitucionales unos quince preceptos y otros veinte eran objeto de una interpretación conforme a la Constitución. En total, unos cuarenta artículos tenían tacha de inconstitucionalidad. Cundió el pánico y comenzó, primero, a sostenerse la peregrina teoría de que se trataba de un pacto político no susceptible de ser enjuiciado por el Alto Tribunal y, después, se procedió a la deslegitimación política de éste. En todo ello colaboró mansamente la llamada "sociedad civil catalana", aquella parte de Catalunya que se beneficia del poder autonómico.   Hace unas semanas hemos entrado en una tercera fase, la de la desesperación ante lo irremediable. Ya no se trata de presionar al Constitucional para que dicte una sentencia favorable sino, simplemente, de obstruir, de impedir que la sentencia salga antes de las elecciones autonómicas, de aplazar el mal trago que se presiente próximo. No importa el derecho, no importa el respeto a las normas, lo único que importa es el poder, es decir, ganar las próximas elecciones. Empieza entonces la etapa de filibusterismo procesal, es decir, mediante trucos de leguleyo, intentar retrasar la sentencia todo lo posible: que el TC se declare incompetente, que habilite ahora a un magistrado recusado y otras inconsistencias jurídicas por el estilo. Lo más lamentable es que todo ello desprestigia a las principales instituciones públicas catalanas, en especial el Parlament de Catalunya y el Govern. Una nueva demostración de deslealtad al sistema político, por parte de unos, de ignorancia de las reglas jurídicas, por parte de otros: no sé que es menos respetable. Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB La Vanguardia (12.06.2010)