Los cinco trabajadores de la empresa de Jose Bono son ilegales

El centro hípico que montó la familia Bono-Rodríguez en 2001 cuenta en la actualidad con seis trabajadores. Frente a la información que ofreció Hípica Almenara en días anteriores, Cinco de ellos son ilegales, en lugar del único empleado que en principio aparecía como “sin papeles”. Por este motivo, hace dos semanas tuvo que declarar como imputado ante la Policía Ramón Navas Barchino, encargado de Hípica Almenara. Levantada en 2001, las gestiones ante el Ayuntamiento de Toledo para obtener la licencia de obra fueron hechas por una de las dos secretarias oficiales de José Bono en la Junta de Castilla-La Mancha, hoy nombrada por él asesora de Presidencia del Congreso. Parte de esas obras se hicieron al margen de la licencia municipal otorgada por el ayuntamiento. Ésta contemplaba un proyecto inicial con un importe notablemente menor al coste final de la ejecución. Un año después, el consistorio en manos de Manuel Molina optó por legalizarlas.

Hace dos semanas, los medios de comunicación informaban acerca de que un trabajador de la empresa hípica de José Bono había sido detenido. El encargado de la misma, Ramón Navas Barchino, ofrecía una versión de los hechos que continúa manteniendo: “Era un trabajador que no tiene ninguna relación con Hípica Almenara; lo único que yo hice fue pasar por dependencias policiales para hablar de esta situación y aportar la documentación necesaria para explicar que ese empleado no tiene nada que ver con nosotros. Eso es todo lo que puedo decir”. Barchino atribuye la relación laboral del detenido a los propietarios del equino que cuidaba el mozo y que el centro tenía en pupilaje.
Sin embargo, los detenidos fueron cinco trabajadores de la hípica: cuatro rumanos y un brasileño. Éste último, además, tenía falsificados los papeles que acreditan su identidad real ante los agentes de extranjería. Según informaciones de fuentes policiales que investigaron el caso, los cinco empleados de José Bono son ilegales por carecer de los pertinentes permisos de trabajo.
Éstos últimos los concede la Delegación de Trabajo de la provincia donde va a ser contratado. Por lo que respecta a los empleados rumanos, hubiera bastado con esta gestión; el brasileño requería previamente legalizar su situación con el preceptivo permiso de residencia que debía haber solicitado ante la comisaría de Toledo.

Todos en plantilla

Lejos de la versión de los hechos ofrecida por Barchino, lo cierto es que él mismo fue detenido por los agentes que le tomaron declaración como imputado. Nombrado administrador único de Hípica Almenara desde 2009, explica a este periódico que el total de trabajadores del centro, incluido él, son seis, y asegura que “todos estamos en plantilla”.
Los cinco trabajadores ilegales se han ido incorporando a lo largo de los años. El primero de ellos entró a trabajar en 2002, otros tres –entre ellos el brasileño– comenzaron a trabajar para José Bono en 2006 y el último lo hizo en 2007.
Ahora, el expediente por la infracción de la Ley de Extranjería cometida por la empresa de José Bono debe resolverlo el delegado de Gobierno, Máximo Díaz Cano. Éste ocupa desde el 18 de octubre de 2005 el cargo de delegado de Gobierno en la Comunidad de Castilla la Mancha. Ex consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Díaz Cano es considerado como un hombre de José Bono.
Respecto al resto de profesionales que trabajan en Hípica Almenara, Ramón Navas Barchino ofrece explicaciones algo confusas: “Los profesores facturan de forma autónoma; tienen una empresa particular. Su contrato es de uso de las instalaciones. La relación con ellos es un contrato oral, ellos son independientes”. Los profesores de equitación también son cinco; entre ellos destacan los hermanos Honrubia. El hijo del actual presidente del Congreso compite con dos caballos propiedad de ellos: Winston y Moreau, éste inscrito a nombre de la madre de los Honrubia.

Datos del Registro

Las cuentas presentadas por Hípica Almenara ante el Registro Mercantil desde 2002, no hacen referencia a ninguna facturación cruzada con otras empresas, salvo con Attack, de la que es apoderado José Bono Rodríguez, y con Saja, la patrimonial de la familia.
Tampoco se recoge gasto de personal alguno hasta el año 2006, pese a que ya desde sus inicios cuenta al menos con dos empleados en el recinto. Ese año, la empresa de la que José Bono posee el 80% de las acciones, paga 47.758,63 euros en salarios; en 2007 la cantidad aumenta a 77.393, 98 euros. Las cargas sociales se acercan a los 35.000 euros.
Curiosamente, en 2008, cuando “la plantilla” está integrada por seis empleados, la partida presupuestaria relativa a los sueldos se reduce respecto a años anteriores y tan sólo reconoce unas cargas sociales de 26.129,96 euros. Únicamente detalla un sueldo, correspondiente al órgano de administración –que ejerce Ramón Navas Barchino–, de 22.521,19 euros.