Las condonaciones de préstamos a partidos (Gaspar Ariño Ortiz)

La prensa da noticia de la condonación de deuda que el Banco de Santander y la BBK hicieron al PSOE en el ejercicio de 2006, por un importe, entre ambos, de 30 millones de euros. Esta condonación se suma a la de 7,1 millones que la Caixa hizo al Partido de los Socialistas de Cataluña en 2004 y que fue igualmente objeto de denuncia pública. Viejo tema éste que en España se ha repetido desde los comienzos mismos de la transición. Recordemos la “deuda histórica” acumulada en los primeros años de la democracia por UCD, por AP, por la que fue “Operación Roca” o del desaparecido CDS, de cuya liquidación nunca se supo.

Esta deuda histórica se cifró en algún momento en 23.000 millones de las antiguas pesetas. El Banco de España dio alguna vez la cifra de 50.000 millones de pesetas (300 millones de euros), que fue el coste total de poner en marcha una democracia de partidos. Bien gastados están. Pero han pasado más de treinta años y al parecer seguimos igual. Los bancos y cajas se ven más o menos obligados a otorgar los préstamos que los partidos les piden -¿qué remedio?- y se encuentran luego con grandes dificultades para cobrarlos. Cuando los impagos, que hasta hace poco eran secretos, llegan a la opinión pública por alguna extraña vía, los bancos se limitan a decir que “la deuda está viva” (aunque haya sido provisionada al 100 por 100).

Las pólizas se aparcan, no se renuncia a cobrarlas, pero tampoco se ejecutan; se dejan dormir durante años, los intereses crecen pero se ignoran, hasta que llega un momento en que se “renegocian”, es decir, se cancelan total o parcialmente y es más fácil para todos borrarlas discretamente (si el Tribunal de Cuentas pregunta no se le dan demasiadas explicaciones). La cosa se presenta como acuerdos expresos o tácitos de renegociación según “los usos y costumbres del tráfico mercantil” (dice el partido) y de un “modo” satisfactorio para el banco y sus accionistas (dice el banco). Y a otra cosa, mariposa. Aunque naturalmente, habría que preguntarse: ¿qué beneficios obtiene el banco o la Caja de esa partida de recursos?, ¿consigue algo a cambio? Silencio.

Esta materia de préstamos y condonaciones de las entidades de crédito a los partidos era hasta el 2007 alegal (no había regulación sobre ella) y, como digo, secreta. Ni los bancos ni las Cajas tenían la obligación de declararlos. Eran los propios partidos quienes informaban a medias de su situación al Tribunal de Cuentas, el cual se quejaba siempre -como ahora- pero tenía escasos poderes de investigación y/o comprobación. Se limitaba a constatar datos y comportamientos respecto de los que nada podía hacer.

Pero la Ley de Transparencia de 2004 impuso a las Cajas (no a los Bancos) la obligación de hacer públicos los préstamos otorgados a los partidos, saliendo a la luz que los saldos vivos de los concedidos eran en los últimos años los siguientes:

- A finales de 2004: 80 millones de euros.

- A finales de 2005: 70.2 millones de euros.

- En el año 2006: 98,8 millones de euros.

- Y en el año 2007: 122,8 millones de euros.

Parece que la contracción del crédito en estos dos últimos años ha detenido este proceso de progresivo endeudamiento, aunque no sabemos los saldos bancarios que habrá que añadir a los anteriores.

Existen datos sobre el endeudamiento de los partidos y su impago, entre los que se recogían los ahora denunciados. La conclusión es que, en bien de todos -de los bancos, de los partidos y de todos los ciudadanos- hay que poner un límite al endeudamiento, al gasto de los partidos y a estas prácticas crediticias. La candorosa apelación en la actual Disposición Transitoria 2ª de la vigente Ley (2007) a “los usos y costumbres del tráfico mercantil”, en las que el PSOE quiere ahora ampararse resulta risible. Es evidente que al PSOE (es decir, al Gobierno de hoy) o al PP (es decir, Gobierno de mañana) tanto los bancos como las Cajas -que están en sus manos- no les van a aplicar el trato que se le da a un tendero o a un pequeño industrial. Antes al contrario, la citada Disposición bien puede convertirse en la vía de legalizar una amnistía general encubierta.



*Gaspar Ariño Ortiz es Catedrático de Derecho Administrativo y miembro del Foro de la Sociedad Civil.