Abogados habituales (Florencio Domínguez)

La Guardia Civil ha desplegado una operación en el País Vasco, procediendo a detener de momento a diez abogados del entorno de ETA. Este dispositivo parte de los papeles incautados al ex 'número uno' de ETA, Javier López Peña, alias Thierry, y que sirvieron para el arresto del letrado Joseba Agudo Mancisidor, alias 'Pagoa', informaron a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.
Se trata de los letrados Arantza Zulueta, Naia Zuriarrain, Erramun Landa Mendibe, detenidos en Bilbao y Jon Emparanza e Iker Sarriegi, arrestados en Hernani, Asier Etxabe Azkue, detenido en San Sebastián y Juan María Jauregui Zalacaín, José Luis Gallastegui Lagar y Saioa Aguirre Arauco, según precisaron las mismas fuentes. La operación parte del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional del que es titular el juez Fernando Grande Marlaska.

De momento, la última de ellas ha sido arrestada en Usurbil: José Domingo Aizpurua Aizpuru.
A los detenidos se les acusa de los delitos de integración o colaboración con banda terrorista, informaron fuentes jurídicas. Estas detenciones son fruto de una investigación desarrollada durante varios meses y cuyos primeros indicios surgieron del análisis de la documentación intervenida a Francisco Javier López Peña, Thierry, responsable del aparato político de ETA, detenido en Burdeos en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía francesa el 20 de mayo de 2008.

Abogados habituales

Artículo de Florencio Domínguez

Los grupos terroristas estables terminan disponiendo de abogados afines a la causa, actuando algunos como cauce de comunicación con el preso. Esa sospecha está en el origen de la incomunicación que contempla la legislación española, para que no atienda al detenido un jurista que pueda realizar funciones más allá de su profesión.

Una buena parte de los países que han padecido la actuación de organizaciones terroristas han tenido que afrontar conflictos con algunos abogados que no se limitaban a desarrollar el ejercicio de su actividad profesional, sino que cruzaban la raya y se alineaban con las actividades del grupo ilegal. España, Alemania, Italia o Francia, por citar los más próximos, han tenido ese tipo de conflictos y han aprobado medidas para impedir la complicidad de los letrados con sus clientes.

En Alemania, durante los años de plomo de la banda Baader Meinhof, las autoridades adoptaron numerosas medidas para controlar o restringir la presencia de los abogados de confianza de los presos terroristas porque eran conscientes de que, a menudo, los letrados eran el canal de comunicación entre el recluso y la organización exterior. Famoso y polémico fue el caso del abogado de miembros de la RAF Klaus Croissant, que huyó de Alemania a Francia en 1977, pero fue deportado a su país de origen donde se le encarceló.

Son los abogados habituales, aquellos que se encargan de manera regular de atender a los presos de ETA, los que suscitan sospechas sobre su papel. El mejor ejemplo de esas sospechas se pone de relieve cuando un detenido se distancia de ETA. La primera medida que toma es renunciar a la asistencia de los abogados habituales y elegir uno ajeno a la izquierda abertzale. El PNV, cuando colaboraba con el Gobierno en las políticas penitenciarias, se ocupaba de recomendar nuevos abogados a los presos que se disociaban para que renunciaran a los que procedían de las Gestoras pro amnistía.

Los grupos terroristas estables terminan disponiendo de abogados afines a la causa que se identifican ideológica y políticamente con los grupos clandestinos. Es esa afinidad la que conduce a algunos de esos letrados a cruzar la raya y a actuar como cauce de comunicaciones entre el preso y la banda a la que pertenece. Hace tres años, la Justicia francesa condenó a dos letrados de miembros de ETA por hacer ese papel. Otras veces el abogado es el comisario político que transmite las órdenes de la dirección de la banda al interno.

Esa sospecha sobre el papel de los abogados habituales es la que está en el origen de la incomunicación que contempla la legislación española, no para dejar sin asistencia letrada al terrorista detenido, sino para que no le atienda un jurista del que se sospecha que realiza funciones que van más allá de lo que es una actividad profesional. La propia Arantza Zulueta, arrestada ayer, fue asistida por un letrado de oficio en 1993 cuando se la detuvo por vez primera, ya que el juez le aplicó la incomunicación para   evitar la presencia de uno de sus compañeros habituales.